Gobernar en pantalla

Fecha: 02.02.2011
Por: Pablo Sirvén
Fuente: Nación - Argentina
www.lanacion.com.ar


Mucho ruido y pocas nueces. Así, con ese sentido refranero, se puede definir la situación en torno de la controvertida ley de medios: de un lado, una batería jurídica levantada para evitar sus efectos por aquellos poderosos grupos mediáticos que saben que tienen más para perder que para ganar cuando su funcionamiento integral tenga lugar traba, retarda y frustra su implementación definitiva. Del otro, desde los más altos funcionarios gubernamentales hasta los activos blogueros y tuiteros K, son proclives a su vez a sobreactuar una "guerra santa" contra "las corporaciones mediáticas" apelando a la difamación fácil y a reemplazar el debate profundo por eslóganes insustanciales ("ley de medios YA") y chicanas baratas.

Mientras que en la Capital Federal, en donde residen los poderes centrales del Estado y de los grandes multimedios privados, la batalla se da en términos políticos y de pulseada tribunalicia a ver quién gana a quién, en algunos lugares del interior, lejos de las peleas porteñas de pago chico, ven a la ley de medios como una posibilidad de abrir el juego a personas y sectores cuyo acceso al ámbito audiovisual era dificultoso o directamente inviable, sin engancharse en la antinomia K vs. antiK.

De qué manera se nutrirá, cómo se financiará y qué estándares de calidad podrá expresar el ámbito comunitario al que la ley pretende impulsar a la par que los medios públicos y privados, todavía es una incógnita y crecen las suspicacias respecto de que los poderes nacionales, provinciales o municipales que les toque facilitar (o directamente financiar) sus aperturas, privilegiarán a sus amigos o, al menos, a los que no ostenten una enemistad manifiesta hacia el que manda en cada zona.

Un frustrado manotazo de último momento quiso dar en esa dirección Raúl Alfonsín en las postrimerías de su gobierno (1983-89) cuando intentó consensuar entre la UCR y el PJ un cierto reparto de ondas audiovisuales. A continuación llegó Carlos Menem (1989-99) que llevó el péndulo hacia el extremo contrario para fomentar la privatización, extranjerización y concentración del sector con regulaciones más que laxas.

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